Exposición en el IX Curso Latinoamericano de Alta Formación en Derechos Humanos – Guayaquil
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de Lima han avalado el IX Curso Latinoamericano de Alta Formación en Derechos Humanos, que tuvo lugar en el Salón Cultural Olmedo de Guayaquil, el 10 de diciembre de 2025 -día internacional de los Derechos Humanos-.
Por invitación del Señor Aquiles Alvarez Henriques, alcalde la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, la comuna de Barrios de la ciudad y Pedro Granja, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Antimafia (ILEA), Pauline Ogier, jurista especializada en derecho internacional de los derechos humanos expuso sus preocupaciones sobre el Estado de derecho en Ecuador.
Argumentó que Ecuador atraviesa una profunda crisis social, económica, política, democrática y de seguridad, donde el Estado de Derecho y las libertades fundamentales “ya no están garantizados”.
Su presentación se basó en el informe de las “Observaciones Finales” del Comité de Derechos Humanos de la ONU, publicado el 4 de diciembre de 2024, que actúa como un “termómetro global” de la situación.
Aunque reconoce importantes avances legislativos recientes (como las leyes contra la violencia machista, sobre el aborto en casos de violación y la igualdad salarial, todas entre 2022 y 2024), “destapa unos desafíos enormes” en áreas críticas.
Normalización de la Excepción y Militarización
Le preocupa profundamente la frecuencia y aparente normalización de los estados de excepción y de la causal de “conflicto armado interno” desde enero de 2024, que ha ampliado estas medidas a nivel nacional, incluyendo las cárceles.
Estos estados de excepción han resultado en la militarización de áreas clave y la suspensión de derechos fundamentales como la inviolabilidad de domicilio y la libertad de asociación.
El recurso a los estados de excepción debe ser estrictamente limitado, temporal, proporcionado y sujeto a una pronta revisión judicial para evitar violaciones de derechos.
Catástrofe Carcelaria y Tortura Sistémica
La crisis penitenciaria evidencia una violación directa del derecho a la vida: se han registrado más de 700 muertes violentas en las cárceles del país entre 2018 y 2024.
El sistema penitenciario padece un hacinamiento brutal, agravado por políticas punitivas y el uso excesivo de la prisión preventiva, que afecta a más del 40% de la población reclusa.
Además, la gestión penitenciaria está militarizada desde enero de 2024. El Comité contra la Tortura de la ONU ha señalado que esta intervención ha derivado en violaciones de derechos humanos, incluyendo actos de tortura y malos tratos recurrentes (golpes, uso de gas pimienta en celdas cerradas, amenazas).
Las condiciones de detención son deplorables, destacando una crisis alimentaria grave donde algunos reclusos reciben una sola ración de comida al día, generando desnutrición severa y muertes.
El Estado ecuatoriano debe tomar medidas urgentes para investigar todas las muertes en reclusión y asegurar el retiro gradual y ordenado de las Fuerzas Armadas de los centros penitenciarios.
Corrupción Judicial
La independencia e imparcialidad judicial representan una preocupación profunda, con el sistema judicial remodelado desde 2018.
Existe una grave preocupación por los actos de corrupción que afectan al poder judicial, incluyendo estructuras criminales que pagan sobornos a operadores de justicia a cambio de decisiones favorables. Esta situación genera una alta desconfianza pública y revela la penetración del crimen organizado.
Deterioro de la Libertad de Expresión
Respecto a las libertades, Ecuador ha experimentado un deterioro profundo y sostenido de la libertad de expresión durante 2024 y 2025.
Se usa la violencia directa y el sistema legal para silenciar voces críticas. Se ha registrado un incremento alarmante de amenazas y asesinatos de periodistas (como el de Patricio Aguilar en marzo de 2025).
Sobre este asunto, la ONU insta a crear un mecanismo de protección para defensores y periodistas que sea financiado y funcional, dado que el mecanismo estatal ha demostrado ser ineficaz.
Preocupaciones sobre Grupos Vulnerables
La crisis afecta de manera desproporcionada a grupos vulnerables:
• Mujeres: Preocupa el alto índice de femicidio y violencia sexual y el reducido número de condenas. Persisten obstáculos prácticos para acceder al aborto legal en casos de violación, incluyendo la invocación de la objeción de conciencia por equipos médicos.
• LGBTQIA+: Preocupa que la denominada “terapia de conversión” se siga practicando en centros clandestinos.
• Pueblos Indígenas: Sus derechos constitucionales son ignorados en la práctica, y la inadecuada consulta previa para proyectos extractivistas ha provocado la criminalización de defensores de derechos humanos.
Próximos Pasos: Un diálogo constructivo con fecha límite
El informe marca el inicio de un proceso de rendición de cuentas, denominado “diálogo constructivo”. Ecuador tiene hasta el 8 de noviembre de 2027 para mostrar avances en las recomendaciones más urgentes. Es crucial que el Estado intensifique la prevención de violencia de género, garantice la independencia judicial, proteja a los defensores y limite los estados de excepción.
El informe del Comité es comparable a un “chequeo médico integral del cuerpo de derechos humanos de Ecuador”, que revela enfermedades crónicas graves (crisis carcelaria) y fiebres recurrentes (uso excesivo de estados de excepción) que deben tratarse con urgencia para no comprometer la salud institucional a largo plazo.
