10 de febrero de 2025 - En una decisión que marca un hito en la defensa de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido la Resolución de Medidas Cautelares 13/2025, de seguimiento y ampliación a favor de Jorge David Glas Espinel, exvicepresidente de Ecuador. Esta resolución no solo mantiene, sino que amplía las medidas de protección vigentes desde 2019, solicitando al Estado ecuatoriano que tome acciones inmediatas y contundentes para salvaguardar la vida, integridad personal y salud de Glas, reconociendo el grave deterioro de su estado físico y mental.
La CIDH, tras un exhaustivo análisis y una visita de monitoreo a la cárcel de "La Roca" en octubre de 2024, ha expresado su profunda preocupación por la situación actual de Glas. La Comisión subraya que los derechos de las personas privadas de libertad están bajo una "posición especial de garante" por parte del Estado, que tiene el deber de asegurar condiciones de detención compatibles con la dignidad personal.
La resolución, que se basa en información detallada proporcionada por la representación de Glas y el propio Estado, resalta el alarmante deterioro de su salud mental. Los informes médicos, incluso aquellos provenientes del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, confirman un diagnóstico de "depresión grave con síntomas psicóticos", un padecimiento que ha mostrado un "rápido y progresivo deterioro". Se ha documentado la presencia de ideaciones suicidas persistentes y un aumento de síntomas como alucinaciones visuales y "flashbacks de violencia" que, según la CIDH, están directamente relacionados con eventos traumáticos ocurridos en el centro penitenciario.
La CIDH observa que los "lineamientos operativos" del propio Ministerio de Salud Pública de Ecuador para casos de riesgo suicida no fueron seguidos adecuadamente tras un incidente en abril de 2024, lo que aumenta la preocupación sobre la eficacia de la atención médica recibida. Además, la Comisión cuestiona las condiciones de detención en "La Roca", señalando que la falta de luz natural en la celda y las estrictas medidas de seguridad, que impiden la privacidad en las comunicaciones, podrían estar exacerbando su condición psicológica.
En un llamado a la acción, la CIDH insta a Ecuador a trasladar a Glas de manera inmediata a un centro de detención que garantice condiciones dignas. Este nuevo centro debe contar con características como:
- Una celda adaptada para prevenir autolesiones, con acceso a luz y ventilación natural.
- Personal capacitado en salud mental y detección de riesgo suicida.
- Condiciones que eviten el aislamiento extremo, permitiendo interacciones sociales seguras.
- Acceso a visitas familiares y de abogados en un espacio de total privacidad.
- Participación de médicos de confianza de Glas, cuyas valoraciones deberán ser consideradas y, en caso de discrepancia, resueltas por una Mesa Técnica independiente.
La Comisión reitera la importancia de la concertación entre el Estado y los representantes de Glas, y destaca que la falta de un diálogo interno ha llevado a que las preocupaciones se canalicen a través de instancias internacionales. La resolución pide al Estado que reestablezca la "Mesa Técnica" que funcionó en 2021, con la participación de médicos de confianza del exvicepresidente, para garantizar un tratamiento médico consensuado y efectivo.
Además, la CIDH solicita al Estado de Ecuador que se investiguen los alegatos de tortura y malos tratos denunciados tras su detención en abril de 2024, y que se informe periódicamente sobre el avance de estas investigaciones.
En resumen, la resolución de la CIDH representa una fuerte validación de las preocupaciones sobre la seguridad y el bienestar de Jorge Glas. Lejos de ser un simple trámite administrativo, este documento se erige como una hoja de ruta detallada para que el Estado ecuatoriano cumpla con sus obligaciones de derechos humanos, asegurando que la detención no se convierta en una condena a la desintegración física y mental. Es un llamado a la comunidad internacional a observar el caso, y al Estado de Ecuador a demostrar su compromiso con los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos, sin excepción.