Cuando se menciona a INTERPOL, la mayoría imagina agentes atravesando fronteras para capturar criminales al estilo de una película de acción. En la vida real, INTERPOL es otra cosa: una organización técnica, estructurada, compleja y, sobre todo, profundamente mal comprendida por quienes se enfrentan a una notificación roja por primera vez. Esa falta de información convierte algo que puede manejarse jurídicamente en un motivo de pánico, parálisis y decisiones equivocadas.
INTERPOL, cuyo nombre es Organización Internacional de Policía Criminal, no actúa como una policía mundial. No arresta personas, no inicia investigaciones propias y no dirige procesos judiciales. Lo que hace es facilitar la cooperación entre las policías de los países miembros mediante una red de comunicación segura, diversas bases de datos y un sistema de avisos que cada Estado utiliza para pedir colaboración a los demás. Cada país tiene una Oficina Central Nacional que funge como canal de comunicación. INTERPOL no juzga, no condena y no decide quién es culpable. Solo transmite la información que los Estados le envían, siempre dentro de las reglas estrictas de su Estatuto, que exige respeto a los derechos humanos y prohíbe toda participación en asuntos políticos, militares, raciales o religiosos.
En su función legítima, INTERPOL permite que los países se coordinen para localizar personas buscadas, verificar identidades, rastrear documentos robados y avanzar en investigaciones serias. El sistema funciona bien cuando se utiliza con buena fe. Cuando no, se convierte en una plataforma que proyecta internacionalmente el abuso de poder de un Estado. Ahí es donde empiezan los problemas y donde interviene la defensa especializada.
La notificación roja, conocida informalmente como “boleta roja”, es el mecanismo más temido del sistema. Se trata de un aviso internacional mediante el cual un Estado pide que otros países localicen y detengan provisionalmente a una persona para iniciar un proceso de extradición. Aunque suene a sentencia global, no lo es. Una notificación roja no es una orden de detención internacional en sí misma y no nace de INTERPOL: nace de un Estado, y la Organización solo la difunde si considera que cumple con sus normas. El impacto, sin embargo, puede ser profundo: detenciones en aeropuertos, retenciones migratorias, estigmatización pública, bloqueos bancarios, restricciones para moverse y un miedo constante a cruzar fronteras. Ese impacto la convierte en un arma potentísima cuando se utiliza de forma indebida, especialmente en contextos de persecución política o lawfare.
Muchos Estados intentan usar INTERPOL para internacionalizar persecuciones domésticas. Disfrazan un caso político como un delito común, manipulan procesos penales o fabrican acusaciones. INTERPOL está diseñada para impedir precisamente estas prácticas, pero como el sistema depende de lo que los Estados le envían, no siempre detecta el abuso de inmediato. Por eso existe un órgano independiente dentro de la Organización: la Comisión de Control de los Ficheros (CCF). Allí es donde se decide si una notificación roja debe mantenerse, corregirse o desaparecer.
Para quien recibe la noticia de una notificación roja, lo primero es entender que no está ante un túnel sin salida. La CCF tiene autoridad para borrar, bloquear o limitar una notificación cuando esta viola el Estatuto, cuando se sustenta en información falsa o incompleta, cuando deriva de un proceso manipulado o cuando entra en la esfera prohibida de la persecución política. El trabajo del representante legal consiste en demostrarlo. Y demostrarlo exige técnica: reconstruir la historia penal, analizar la motivación real del caso, documentar patrones de persecución, explicar el impacto en la vida de la persona, evidenciar contradicciones procesales y conectar cada elemento con los principios y normas de INTERPOL. No basta con afirmar que se trata de un caso político. Hay que probarlo.
El desafío para los abogados nacionales es enorme. Un penalista puede dominar su sistema jurídico, pero INTERPOL funciona bajo reglas propias, con jurisprudencia específica, criterios de admisibilidad, requisitos formales, plazos estrictos y una lógica completamente distinta. Muchos abogados sienten que “no hay nada que hacer”, cuando en realidad sí lo hay: lo que ocurre es que se necesita un tipo de defensa que combina derecho internacional, derecho penal, migración, asilo y estándares de derechos humanos. Quien no conoce este ecosistema puede cometer errores que terminan perjudicando gravemente al cliente.
Por eso trabajar con una firma especializada no es un lujo: es un deber profesional.
La conclusión es simple y es liberadora. Una notificación roja no define el destino de nadie. No es una condena irreparable. No es una pieza inamovible del sistema. Es un registro que puede impugnarse, revisarse, corregirse o eliminarse cuando viola las normas de INTERPOL y los estándares internacionales de derechos humanos. La diferencia entre vivir con miedo y recuperar la libertad de moverse depende de la estrategia.
En LEAL Litigio, conocemos este camino de principio a fin. Hemos tramitado decenas de casos ante INTERPOL, desde notificaciones rojas extremadamente complejas hasta solicitudes de supresión, rectificación, bloqueo operativo y medidas provisionales. Nuestros resultados han sido absolutamente consistentes: 100 % de eficacia, sin una sola resolución desfavorable. Sabemos identificar el abuso, sabemos argumentarlo con la precisión que la CCF exige y sabemos cómo obtener decisiones que restablecen los derechos y la seguridad de nuestros clientes.
Si estás bajo una notificación roja y no sabes qué hacer, o si eres abogado y necesitas apoyo especializado para proteger a tu cliente, estamos aquí para asumir el caso con el rigor técnico, la solvencia jurídica y la confidencialidad que este tipo de procesos demanda.
Cuando INTERPOL se utiliza como arma, la defensa correcta devuelve el equilibrio.
