El informe de la sociedad civil, presentado por el Colectivo CODHAL (CEDE, NOFEC, ALMA, ALI-HUMA, ADE y LEAL), y coordinado por Pauline Ogier, presenta la transición de Ecuador de una crisis de seguridad ciudadana a una crisis estructural del Estado de derecho entre 2024 y 2025.
Este periodo se define por la normalización de la excepcionalidad, donde el Ejecutivo ha utilizado la narrativa de un “conflicto armado interno” para militarizar la vida civil y mantener al país bajo estados de excepción casi permanentes, sumando más de 500 días de restricciones a garantías fundamentales. Bajo este esquema, se han documentado violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales, como el caso de los menores asesinados en “Las Malvinas” y la crisis de violencia y salud en cárceles con hacinamientos superiores al 132%.
El informe identifica un patrón consolidado de lawfare o persecución política, mediante el cual el sistema judicial y electoral se instrumentaliza para neutralizar a la oposición. Casos como el secuestro del exvicepresidente Jorge Glas en la Embajada de México —condenado internacionalmente— y la persecución penal contra figuras como la exvicepresidenta Verónica Abad y otros líderes sociales, evidencian el uso del aparato estatal para el disciplinamiento político y la exclusión de voces críticas. Esta represión se extiende al ámbito cívico, donde la libertad de expresión se ha visto drásticamente reducida tras el asesinato de periodistas como Patricio Aguilar y la estigmatización de defensores de derechos humanos.
Finalmente, el país enfrenta un ataque sistemático a la independencia judicial, particularmente contra la Corte Constitucional, cuyos magistrados han sido hostigados por frenar normativas regresivas. Aunque la ciudadanía rechazó en las urnas las reformas constitucionales de 2025 y se movilizó en un Paro Nacional contra las medidas económicas, la arquitectura democrática permanece debilitada por la captura institucional y la opacidad en el uso de la fuerza.
Para entenderlo de forma sencilla, la democracia en Ecuador está funcionando como un mecanismo de relojería al que le han quitado los frenos y los contrapesos: las piezas siguen moviéndose, pero el sistema ya no tiene forma de detener los abusos de fuerza ni de garantizar que la justicia no se use como una herramienta de ataque.
Informe-DDHH-Ecuador-2025